Fiscales bajo amenaza

(Revista Paula, 2009)

 

En los últimos tres años, al menos ocho fiscales han sido amenazados de muerte en Chile. Han seguido trabajando igual, rodeados de guardaespaldas, con chalecos antibalas y en silencio. Hasta ahora, cuando por primera vez la Fiscalía Nacional los autorizó a hablar sobre el lado poco amable y peligroso de esta profesión.

El sábado 24 de marzo de 2007, al mediodía, un fiscal de una pequeña localidad nortina del país regaba el pasto del jardín de su casa cuando sonó su celular. Desde el tribunal lo llamaba el ayudante del juez. Sin dejar de regar, el fiscal escuchó. Esa mañana, en la cárcel, un preso se le había acercado al juez para contarle algo que había escuchado: que un narcotraficante en prisión preventiva urdía un plan para asesinar al fiscal, un plan que incluía matones y disparos a larga distancia. Que el narcotraficante, furioso por haber perdido millones de pesos en el decomiso de 20 kilos de cocaína que el fiscal había realizado, había contratado sicarios de Santiago que viajarían al norte para matarlo. Que esos sicarios tenían contacto con gendarmes, investigados por el mismo fiscal por otra causa y que les pasarían armas. Y que en el cualquier momento, mientras manejara su auto, estuviera en su casa o se asomara por una ventana, le dispararían en venganza.
El fiscal cortó y llamó al fiscal regional para contarle. “Inmediatamente tomaremos medidas de protección”, le dijo el jefe. Cuando el fiscal cortó el teléfono por segunda vez, estaba en blanco. Se vio ahí, en la mitad del condominio de casas, de pie en el patio, y pensó: “Y yo aquí, regando”. Soltó la manguera, entró a su casa por el patio trasero y caminó rápidamente hasta la puerta principal, que se podía abrir sin llave tanto por dentro como por fuera para que los niños entraran y salieran de la casa sin necesidad de tocar el timbre a cada rato. Mientras su señora preparaba almuerzo en la cocina y sus hijos, de 15, 13 y 4 años, veían televisión en el living. El fiscal llegó a la puerta de entrada y le dio dos vueltas a la llave. Se dio la media vuelta y les contó a todos lo que estaba pasando. “No te preocupes, nos vamos a cuidar”, le dijo su esposa. Sus hijos quedaron estupefactos, sin habla. Después a los adolescentes, les encantaría sentirse importantes cada vez que un auto policial los iba a dejar o a buscar al colegio.
Este fiscal (que mantiene su nombre en reserva por razones de seguridad, igual que los demás fiscales amenazados) fue uno de los primeros del país que fueron amenazados de muerte o agresiones. La Reforma Procesal Penal, al abrir los procesos, también expuso a las nuevas figuras, los fiscales, quienes hasta ahora comparten escaleras, ascensores e incluso baños con todos quienes entran a las audiencias, incluidos los familiares de los imputados. Ahí son blanco frecuente de gritos, insultos y, desde hace un par de años, de amedrentamientos.
Las amenazas surgen por lo general en esos espacios compartidos o desde las cárceles, de parte de condenados vengativos o imputados en prisión preventiva.

“Uno es la cara visible del odio del imputado y su familia. Y está más expuesto: mientras los jueces salen por estacionamientos subterráneos o tienen facilidades exclusivas, cuando yo salgo a fumar o voy al baño, me topo con los familiares de los imputados. Me he subido a un ascensor y en el piso siguiente se sube toda la familia de la persona que estoy acusando”, cuenta este fiscal amenazado.

“Al principio adoptamos medidas de seguridad precarias, a nivel localista. Pero con el tiempo, el tema lo ha asumido la Fiscalía Nacional”, explica el fiscal regional de la I región, Claudio Roe.
Fue una meta que se impuso Sabás Chahuán cuando asumió como Fiscal Nacional en diciembre de 2007: que la seguridad de los fiscales fuera prioritaria. Sobre todo después de que en octubre de 2008 se concretó la primera amenaza seria contra un fiscal. Sucedió en Tirúa, VIII región: el fiscal Mario Elgueta, quien investiga causas relativas al conflicto mapuche, había ido hasta Tirúa para darle tranquilidad y protección a un matrimonio amenazado por comuneros mapuches. Él y su larga comitiva de 15 autos –el fiscal Elgueta había sido amenazado de muerte varias veces y vive permanentemente bajo custodia policial, razón por la que la Fiscalía Nacional prefirió que no hablara para este reportaje– salieron tarde de regreso a Temuco. Tras avanzar cuatro kilómetros, el grupo se encontró con una barricada de troncos que impedía el paso. Los autos se detuvieron en medio del camino. Comenzaron los disparos. Disparos de escopeta desde todos los costados. Después de media hora de ráfagas, cinco policías quedaron heridos. El fiscal Elgueta recibió perdigones en la mano izquierda y esquirlas de vidrio en la cabeza, pero estaba vivo.
Después de este atentado, la Fiscalía Nacional diseñó un plan de contingencia para casos como éste y hace seis meses comenzó a operar un protocolo de protección para fiscales en riesgo. “Es una obligación constitucional cuidar a los fiscales cuando se convierten en víctimas, aunque no se destinan recursos cuantiosos para protegerlos. Este protocolo cuenta con la colaboración de las policías y la División Nacional de Protección a Víctimas y Testigos. Ellos, junto a las fiscalías regionales, integran un comité que evalúa si la amenaza es seria, adopta medidas que contemplan la coordinación con las policías e incluso la readecuación de la labor del fiscal o cambiarlo de casa”, explica Chahuán.
Cuando se protege a un fiscal, el comité hace un perfil de los posibles intimidadores. “Se evalúa también si el fiscal tiene una familia amplia, si tiene hijos chicos o grandes, dónde vive”, explica Chahuán. Así se determina qué tipo de protección –vigilancia permanente, uso de chalecos antibalas, por ejemplo– necesita cada uno.
Este protocolo no existía en marzo de 2007, cuando el fiscal del norte supo por teléfono que en cualquier minuto alguien podía dispararle. “No se sabía qué hacer frente a la situación. Sobre la marcha se tomaron medidas que, al final, ayudaron a implementar el plan de contingencia que existe hoy”, cuenta el fiscal amenazado.
El fiscal quedó las 24 horas bajo la custodia de dos policías de Investigaciones, tuvo que usar un chaleco antibalas en todos sus recorridos, se cambió de casa junto a su familia, varió constantemente la ruta y el horarios de sus recorridos y tuvo que ir hasta a comprar el pan con guardaespaldas. Como otra medida de protección, la fiscalía regional, todavía sin el protocolo de protección, le dio instrucciones de decirle a la prensa local que estaba amenazado. La táctica tenía una lógica: “Era una manera de decir ‘lo sabemos’, para inhibir el atentado”, dice el fiscal amenazado.
Vivir protegido
Dos días después de la amenaza, el titular del diario local decía en grandes letras rojas: “Descubren plan para asesinar al fiscal”. Antes de que se enteraran por la prensa, el fiscal partió a la casa de sus padres a contarles en persona. Su padre, un ex juez con tres preinfartos en el cuerpo, ni siquiera pestañeó. “Son cosas que pasan en este trabajo”, le dijo. Pero su madre se angustió, tomó su rosario y empezó a rezar. “Ay mijito, cuídese por favor. ¿Qué van a hacer con los niños? ¿Qué van a hacer?”, le preguntó. El fiscal dijo que esto era un gaje del oficio y que todo estaba bajo control. Lo hizo con el mismo tono sereno con el que hoy habla de su experiencia de estar bajo amenaza, a pesar de que sus hijas mayores –de un matrimonio anterior– lo llamaron llorando por teléfono desde Santiago cuando se enteraron por las noticias de que había un plan para matar a su padre.
Mientras vivió en la mira, la vida del fiscal y la de su familia se vio completamente trastocada: policías iban a buscar y a dejar a sus hijos adolescentes al colegio y los fines de semana los pasaba encerrado en casa, jugando a las cartas con su señora.
“Pero no tenía miedo. Pensaba que era más factible sacarme la mugre manejando que recibir un disparo. Sólo estaba aburrido de estar encerrado”, dice resuelto, sentado en su oficina. Del cuello de la camisa se le asoma una medallita de la Virgen de los Rayos. Le pregunto por ella y al fiscal se le aguan los ojos: el día que les avisó a sus padres que estaba amenazado, su madre le pasó esta medalla, bendita por el Padre Hurtado. “Esta virgencita ha pasado por toda la familia en momentos críticos”, dice.
La mayor preocupación de los fiscales amenazados es su familia. “El fiscal sabe por qué está protegido, conoce los detalles del caso, pero la familia no, porque mientras menos sepa, mejor: si saben demasiado pueden sobredimensionar el riesgo y atemorizarse más de la cuenta. Sólo saben que deben cambiarse de casa o avisar cada vez que salen, pero no entienden bien por qué. Eso es agotador, tremendo para los fiscales”, explica la jefa de la Unidad de Atención de Víctimas y Testigos de la I región, Patricia Baker. La protección es tan dura que los fiscales convertidos en víctimas casi siempre terminan agobiados.
Como otro fiscal del norte. En marzo de 2007 supo –también por un dato filtrado desde la cárcel– que narcotraficantes presos planeaban asesinarlo con francotiradores. Tuvo que vivir dos meses con protección policial. Su mujer estaba embarazada y tenía una hija de siete años que un día lo vio ponerse el chaleco antibalas.
“Papá, ¿qué es eso?”, le preguntó su hija. El fiscal dudó un segundo qué contestarle. Pero optó por la verdad: su hija era inteligente y sabría si él le mentía. Así es que le dijo que era un chaleco para que no lo hirieran si alguien le disparaba y la niña se puso a llorar. Él la cobijó: todo iba a estar bien, le dijo. Meses después, cuando la amenaza no se concretó y la investigación quedó en nada, la vida del fiscal volvió a la normalidad.
Hasta que en enero de 2009, el fiscal fue nuevamente amenazado: levaba casi un mes de vacaciones y estaba listo para regresar a la ciudad con su familia, cuando lo llamaron desde la Fiscalía Regional para decirle que tres personas distintas, de diferentes localidades del norte, habían repetido exactamente la misma información acerca de un plan para asesinarlo. Que sicarios bolivianos habían sido contactados por presos que el fiscal investigaba por tráfico de drogas para que lo mataran con explosivos. Que estas personas no sólo sabían dónde vivía, sino que sabían quién y cómo era su mujer y conocían la dirección de sus padres. Le recomendaron que no volviera a la ciudad hasta que el peligro pasara y se inhabilitara de la causa de la cual provenía la amenaza. Porfiado, el fiscal García regresó a la ciudad. Quería revisar en persona los antecedentes junto al fiscal que investigaría el caso, mientras su familia se quedó fuera de la ciudad.
“Esa vez fue más difícil, porque me quedé solo y lejos de mi mujer y de mis hijos durante un mes. Nos dio pena. Sentí rabia. No sólo podían hacer algo contra mí, sino también contra mi familia”, dice. Por primera vez en su carrera pensó en retirarse. “Quizás esto es demasiado incómodo para ti, para los niños”, le dijo a su esposa. Ella le recomendó tomar una decisión sólo cuando las cosas decantaran.
Un par de meses después, el fiscal que llevaba la causa por la amenaza decidió terminar con las medidas de protección. “El fiscal que investigaba el caso entrevistó a quienes supuestamente planeaban asesinarme. Lo negaron todo y no surgió más información. Se estableció que el plan no estaba prosperando. El problema es que cuando se filtra una información así, los informantes no hablan más. Puedes investigar en el penal, pero cómo. Tomar declaraciones, pero a quién. La única estrategia es decir ‘estamos al tanto de todo, y si pasa algo, sabremos que fueron ustedes’. Es muy difícil evaluar si una amenaza de muerte es real o no y quiénes son los que la planean. En otras investigaciones pueden acumularse pruebas, pero en estos casos, es difícil”, explica el fiscal que vivió bajo amenaza.
A casi seis meses de terminada la protección, ya no de sale a correr por la playa, como hacía antes cada mañana.

Súper Fiscales
El 29 de enero de 2007 otro fiscal del norte supo que una amenaza no siempre se queda en las intenciones. Era mediodía y venía saliendo de la Fiscalía cuando escuchó a un tipo que lo insultaba a gritos. Era Leopoldo Prats, un hombre a quien el fiscal había denunciado por amenazas en contra de la autoridad hacía un par de meses.
Prats estaba enfurecido desde diciembre de 2006, luego de que resultó culpable del atropello en bicicleta que sufrió y supo que no recibiría la indemnización que esperaba. Iba a ver al fiscal a la oficina, a las audiencias y le gritaba que lo denunciaría por la prensa. Hasta que un día, Prats, con varios antecedentes por lesiones, entró a la Fiscalía y le gritó al fiscal: “Sé dónde vives. Donde te vea, te voy a pegar”.
Por eso el fiscal lo había denunciado, aunque no quedó sometido a medidas de protección. Tampoco existía aún el protocolo de acción de la Fiscalía Nacional. Pero Prats seguía persiguiéndolo, esta vez en plena calle. El fiscal siguió caminando, intentó desentenderse, pero recibió un combo en la cara que lo botó al suelo. Se levantó del piso, su nariz sangraba, y llamó a Carabineros por celular. Prats se fue detenido y el fiscal, a la Posta, donde le diagnosticaron una fisura nasal que hasta hoy le duele cuando se suena.
Un año después Prats pidió disculpas en persona. “Pero no fue muy sincero y me dio miedo. Espero no verlo nunca más”, dice el fiscal, quien jamás ha pensado en renunciar. Ni siquiera cuando el mismo día del golpe tuvo que ir a tribunales con la cara rota. Va cada vez que puede a la pampa a darles comida a los perros abandonados. Allí, cuando ve gente que trabaja de sol a sol, sin comunicación ni agua potable, recuerda por qué hace lo que hace.
“Ésa es la satisfacción que uno siente: si sacamos a un violador, a un ladrón o a un traficante de la calle, ayudamos a la gente honesta y trabajadora que se saca la mugre para salir adelante a vivir más tranquila”.
Gracias a las gestiones de la Fiscalía Nacinal y a la preocupación que generó el atentado contra el fiscal Elgueta en el sur, hace un año el Congreso aprobó una ley específica para las amenazas y los atentados contra fiscales (y defensores penales públicos) –antes estaban contempladas como amenazas a la autoridad, en general–, que agravó las penas. Una sola amenaza en contra de un fiscal, se puede pagar con cinco años de cárcel.
“Las amenazas no producen el efecto esperado, porque los fiscales siguen trabajando: ninguno ha renunciado hasta ahora por hostigamiento. Y existen 665 fiscales a lo largo de Chile que están prestos a tomar esas causas si es que un fiscal amenazado se inhabilitara de ellas”, explica Chahuán, quien ha impulsado más medidas para que los fiscales no se expongan innecesariamente. Un ejemplo: ahora en audiencias más riesgosas se instalan separadores en las salas y la Fiscalía Nacional contrata a guardias de seguridad privados y los fiscales han entrado a las audiencias por las vías exclusivas de los jueces. “Aún falta, pero ahora los fiscales están más protegidos que hace dos años”, afirma Chahuán.
Algo que no anula del todo las situaciones de riesgo: hace pocos días, el primer fiscal, el que regaba en su casa, se encontró en la calle con uno de los primeros hombres que había acusado: estaba libre después de haber cumplido cinco años de cárcel por homicidio. “Ése es mi fiscal”, le dijo el tipo y le dio la mano. Él le sonrió sin miedo.
“Ya empezaron a salir en libertad las primeras personas que fueron condenadas bajo la Reforma Procesal Penal. Generalmente me dicen que andan derechitos, tratan de congraciarse conmigo. Hasta ahora no he tenido problemas, pero no sé con qué ánimo pueden salir. Por eso siempre procuro ser objetivo con los imputados. En las audiencias me cuido de no hacer declaraciones que generen odio. Es la evidencia la que los condena. No yo. A lo más les digo imputados. Otros les dicen delincuentes. Pero entiendo que es sólo es una persona caída”, dice. Hasta ahora no ha pensado dejar la Fiscalía. “No es que uno se sienta un adalid de la justicia. Éste es un trabajo desgastante, pero siento que hago algo necesario”.

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